José Miguel Izquierdo, académico de la UDP, publicó esta columan hoy en La Tercera a propósito de la encuesta Adimark y que comentamos en el post Ninguno, el más popular. En síntesis, plantea que aunque "la Concertación naufrague en las turbulentas delaciones sobre corrupción" esto no significa más apoyo para la Alianza. Además, propone como desafío para la oposición "concretar las conversaciones sobre reforma al sistema electoral, abordar reformas institucionales para combatir la corrupción y participar con propuestas en los proyectos que apuntan a corregir la desigualdad social son asuntos más importantes que la necesaria fiscalización realizada durante el último tiempo". Aquí la columna completa.
La empresa Adimark-GFK inauguró en marzo de 2006 un seguimiento mensual de la evaluación de desempeño de la Presidenta Michelle Bachelet, de su gobierno y de las principales coaliciones políticas. El método consiste en una muestra superior a las mil entrevistas telefónicas con hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en los principales centros urbanos del país. Aunque esta metodología recibe constantes cuestionamientos, al mantenerse durante ya 11 meses, se ha instalado como el único instrumento público que nos permite evaluar el impacto de la agenda de los medios de comunicación sobre las percepciones de los individuos.
En la última entrega de Adimark observamos que la aprobación a la gestión de Michelle Bachelet sufrió una merma de siete puntos porcentuales. Una caída significativa, que la sitúa en el 47%. Pero este fenómeno había sido registrado anteriormente y también fue revertido, en noviembre, cuando la Presidenta logró superar el 50% de aprobación. Al contrario, el rechazo a Bachelet se mantiene en torno al 31%. Por ello, no se puede afirmar que enero haya marcado el inicio de la caída del liderazgo presidencial. Digamos, sí, que es relativamente mala para Bachelet. En contraste, la Concertación sí empieza a demostrar que su hegemonía en la dimensión moral es feble.
El panorama descrito para Bachelet y el gobierno es consistente con los temas que han copado la agenda pública y con la incapacidad del oficialismo para reaccionar de manera que los problemas puedan ser reemplazados por proyectos gubernamentales. Consistentemente, la Concertación recibe un fuerte castigo. Por primera vez son tantos los que desaprueban su forma de intervenir en política como los que opinan así respecto de la Alianza por Chile. Sin embargo, aunque la identificación con el pacto de gobierno cae 6 puntos porcentuales (de 32 a 26) la Alianza por Chile sigue marcando escasamente un 18%. Juntas, las coaliciones concitan el 44% de las preferencias, mientras el sector de los ninguno se alza al 56%. Por ello, que la Concertación naufrague en las turbulentas delaciones sobre corrupción no quiere decir que la Alianza amplíe su base electoral.
Por lo anterior, es preciso desterrar del análisis el argumento que plantea cierta conformidad al observar cómo ha evolucionado la identificación con la derecha en la última década. El lento traspaso de adherentes de la centroizquierda a la centro derecha registrado en diversos estudios de opinión no demuestra otra cosa que ese pacto político debe actuar de manera más decidida en torno a las opciones presidenciales y a las propuestas programáticas. Al contrario, mientras sus representantes sigan interpretando la evolución en la identificación política como una buena señal, la Alianza llegaría al poder, algo así, como el 2020. Por ello, además de ser incorrecta esa forma de interpretar los datos, puede ser también la ruina del pacto, a menos que estén conformes con las escasas cuotas de poder que hoy maneja.
En otras palabras, mientras los políticos de la Concertación debilitan la ventaja que tuvo el pacto desde la transición, la Alianza necesita dejar de lado su actitud acomplejada y abocarse a la tarea de ampliar sus bases hasta alcanzar la mayoría. Para ello, concretar las conversaciones sobre reforma al sistema electoral, abordar reformas institucionales para combatir la corrupción y participar con propuestas en los proyectos que apuntan a corregir la desigualdad social son asuntos más importantes que la necesaria fiscalización realizada durante el último tiempo. Ella no dará los frutos que el sistema requiere para enfrentar los desafíos electorales del 2009 con coaliciones verdaderamente competitivas.
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