El drama de Montes

Opiniones y querellas criminales
Leonidas Montes
Decano Escuela de Gobierno UAI
La Tercera
8-03-08

Si usted no es un experto en derecho penal ¿qué haría si, justo antes de sus vacaciones de verano, lo notificaran de una querella criminal? La primera reacción de este académico y columnista de La Tercera fue decir que no había matado a nadie.

Sorprendido, comienzo a leer la demanda. Aparecen doce querellantes debidamente individualizados. Por números, pienso, estoy liquidado. El panorama se pone aún más negro: todos son gerentes y subgerentes. Y no de cualquier empresa, sino de una empresa creada por el estado. Se trata de una empresa, de la cual casi nada se sabía, que presta servicios a la minería. Fue creada en el año 1998, hoy tiene ingresos por unos 70 millones de dólares al año, posee filiales en el extranjero y emplea a unos 2.200 trabajadores. Me acusan de “injurias graves” por una columna de opinión muy crítica. Cuestionando la falta de transparencia de esta empresa, basado en la escasa información pública disponible, había concluido que “todo esto no huele bien”. A los ejecutivos tampoco les gustó que calificara a su empresa como una “empresa curiosa”. ¿No le parece a usted curioso que el Presidente de esta empresa declare públicamente que es del “ámbito público” y que sus ejecutivos sostengan que es del “mundo privado”?

Tan molestos estaban los gerentes y subgerentes de esta empresa con mi columna, que decidieron querellarse. Ya le habían enviado una carta bastante airada al rector de mi universidad, donde cancelaban un curso “como señal de desagrado” y se reservaban el derecho a “iniciar las acciones legales que correspondan”.

Continúo leyendo la querella. Paso de la sorpresa al asombro. En el escrito se destaca que las actividades de esta empresa las desarrollan “… profesionales y técnicos de un basto conocimiento y experiencia” (sic.). Supongo que el abogado querellante quiso decir “vasto”, ya que la Real Academia define basto como “grosero, tosco, sin pulimento”. De no ser así, evidentemente no tendría una buena opinión de sus mandantes.

Vuelvo a la dura realidad y al final del documento me entero que el 30 de enero tengo la primera audiencia. Con cierta ansiedad recorro los pasillos de la universidad pidiendo la opinión de algunos profesores de derecho acerca de mi situación legal. Me recomiendan defenderme. El abogado Jorge Bofill toma la causa. Para tu tranquilidad, me dice, en este país la libertad de expresión es un derecho constitucional.

A la primera audiencia del miércoles 30 de enero sólo se presentó el abogado querellante. Imagino que el gerente y su plana ejecutiva estaban muy ocupados. Después de presentar nuestras pruebas y testigos, la audiencia final quedó fijada para el 29 de febrero. Como profesionales --- espero, eso sí, que sin tan “basta” experiencia --- nos preparamos para la audiencia oral. Tampoco se presentó ninguno de los doce gerentes y subgerentes. Era de esperar. Pero esta vez ni siquiera se presentó el abogado querellante. Simplemente se desistieron de la causa. A lo mejor estaban disfrutando de sus vacaciones.

Los querellantes, para sostener que esta empresa es del mundo privado, presentaron como prueba un interesante informe en derecho firmado por el abogado Cristián Letelier, Profesor de Derecho Civil. El informe concluye que esta empresa del estado, al ser una sociedad anónima cerrada, no estaría sujeta a la fiscalización del SEP, del Ministerio de Minería y ni siquiera de la Contraloría. Afortunadamente la Contraloría piensa que esta empresa, donde el estado tiene el 99.99%, “se encuentra sometida a la fiscalización de esta Contraloría”.* En cambio, para el Profesor Letelier, esta empresa sería prácticamente autónoma. Sólo cabe esperar que las conclusiones de este informe en derecho no inspiren a los ejecutivos de otras empresas del estado.

Ciertamente no es apropiado tomar una situación personal como tema de una columna, pero lo que aquí está en juego son cuestiones de interés público. Aunque legalmente existe la libertad de expresión, utilizar querellas criminales por injurias como mecanismo para amedrentar, intimidar o simplemente molestar, es una práctica lamentable. Además, ¿qué incentivo puede tener cualquier académico, con cierto interés por los temas públicos, de participar en la discusión pública si arriesga una demanda criminal?

Pero hay que mirar lo positivo. Al margen de que la causa esté cerrada, tuve la oportunidad de aprender algo acerca de nuestra reforma procesal penal. Es un avance significativo para el desarrollo de nuestro país. Pero si abusamos de las querellas criminales por injurias, no sólo desincentivamos el debate público, sino que imponemos una carga innecesaria para los jueces que tienen causas mucho más importantes que dirimir. Espero que mis doce ex querellantes, los gerentes y subgerentes del CIMM T&S, estén al menos de acuerdo con esto último.

*Fuente: Informe Nº58/2001 de la Contraloría General de la República ante la consulta de dos senadores preocupados por una empresa pública que, realizando importantes aportes de capital, se convertía en corporación privada sin fines de lucro.